La Justicia española da el primer paso para frenar la Ley Sinde.
El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite el recurso contencioso
administrativo presentado la semana pasada por la AI que solicitaba la
impugnación del reglamento de la polémica norma antidescargas.
En el texto presentado por la asociación se pedía la suspensión de su entrada en vigor por considerar que un órgano administrativo no puede ejercer las competencias asignadas por ley a los jueces. Recordemos que el reglamento de la norma crea la Comisión de la Propiedad Intelectual, este órgano, otorgándole el poder de decisión a la hora de juzgar si los contenidos de una web denunciada por los titulares de derechos de autor vulneran o no la propiedad intelectual. Los defensores del recurso argumentan que "esta ley afecta a la sensibilidad democrática al crear una comisión que estaría por encima de las decisiones judiciales".
En el texto presentado en los tribunales se señalaba que este órgano introducía "infracciones difusas y sanciones sin la habilitación legal precisa", dando lugar a una "notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos como el de la libertad de expresión e información". No en vano, se recuerda que el poder otorgado a esta comisión "contradice sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional". Asimismo, cabe señalar que en anteriores sentencias de la Justicia española no se ha considerado delito la actividad de enlazar a contenidos externos, algo que sí pasaría a castigarse con esta norma.
Estaremos muy atentos a la decisión del Abogado del Estado, puesto que de prosperar la impugnación se daría al traste con la primera gran medida de este Gobierno en materia de propiedad intelectual en Internet y obligaría a una profunda reflexión sobre este tema. Propuestas para trabajar en el tema no le faltan.
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