España ha sido uno de los países que ha firmado el polémico ACTA (Acuerdo Comercial Antifalsificación) como uno de los integrantes de la Comisión Europea. A pesar de la oposición de gran parte de los ciudadanos a este tratado, España no se ha desmarcado de su firma.El primer paso para la implantación del ACTA ya está dado por parte de la Comisión Europea. España forma parte del grupo de supuestos representantes de la ciudadanía europea que han dado su apoyo a un tratado que lleva suscitando una amplia polémica desde hace años por la férrea defensa de la propiedad intelectual y las severas medidas que propone para luchar contra aquellos que la infrinjan.
El acuerdo firmado en Japón aún ha de ser ratificado en el Parlamento Europeo, siendo aún un compromiso sin validez legal adquirida por parte de aquellos países que han dado su apoyo con su firma. Por tanto, se trata de una clara declaración de intenciones pero no de una ratificación definitiva. Será entre el 29 de febrero y el 1 de marzo cuando el Parlamento comunitario debata sobre un tratado que viene a defender los intereses de la industria cultural y del entretenimiento para que pueda fortalecer de modo legal su concepto de propiedad intelectual.
El proceso de negociación de este tratado ha estado lleno de controversia, al haberse producido en secreto a pesar de que está dirigido a los ciudadanos de los países que lo adopten. En algunos casos como el de México, para más inri, fue claramente rechazado por los senadores pero finalmente fue firmado. En otros como Polonia su primer ministro aseguró que se vio forzado a firmarlo por el mero hecho de negociarlo.
Las instituciones europeas encargadas de firmarlo y adoptarlo están mostrándose en su faceta más oscura, sesgando la información que facilitan a sus ciudadanos de una forma completamente abusiva. ¿Será capaz de vetar este polémico acuerdo el Parlamento Europeo en las sesiones de junio en las que emitirán su voto final sobre el mismo? La presión ciudadana será clave para que no sea así, pero a buen seguro la industria también pone de su parte para emprender sus tareas de lobby y lanzar un particular mensaje a través de sus medios de comunicación.
¿Por qué ha decidido España firmar este tratado? ¿Dará algún tipo de explicación el Gobierno por una firma que aunque no supone un paso definitivo sí es una declaración de intenciones?
FUENTE: http://www.adslzone.net
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