"Descargas en la Red". Con este nombre se bautizó a la polémica operación policial que acabó con la detención de varios administradores de algunos portales de enlaces como PCTorrent. Su supuesto delito era proporcionar enlaces en su página web a contenido que circulaba en la red P2P BitTorrent. Seis años han pasado desde entonces y la resolución judicial ha llegado ahora, al no ver delito el juez encargado del caso en las actividades de dicha web.
El diario elmundo.es se hace eco de esta última decisión judicial en la que considera que "no existía en la actividad de los acusados delito alguno, sin perjuicio de que incurrieran en un ilícito civil". Aunque la sentencia considera que "existen resoluciones judiciales que han venido a considerar que las páginas web de intercambio de archivos realizan una labor de comunicación pública en la medida en que facilitan el acceso y localización de los contenidos protegidos", ha absuelto a los responsables del sitio web apoyándose en otro tipo de jurisprudencia.
"Otra línea jurisprudencial viene a considerar que estas páginas web desempeñan una labor de meros intermediarios, entendiendo que al no contener tales páginas archivos protegidos ni realizarse una descarga directa de los mismos desde tales páginas, no puede considerarse que efectúen una acción de comunicación pública, quedando como tales intermediarios exentos de responsabilidad penal", aclara. De este modo, volvemos a encontrarnos con una sentencia similar a la del caso Sharemula de 2008 en el que estos "intermediarios no serán responsables de la información almacenada a petición del destinatario, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que ésta es ilícita".
El fracaso de aquella operación policial se ha tornado en un rotundo fracaso, puesto que la gran mayoría de los detenidos por entonces han sido ya absueltos a la espera de una resolución puntual como el de la web Ps2rip. Los cuatro acusados en este caso por PCTorrent han sido absueltos siguiendo la "línea argumental de numerosas resoluciones de diversas Audiencias Provinciales".
La noticia coincide con las primeras acciones tomadas contra estas webs con la Ley Sinde-Wert en la mano. Recordemos que la norma abre las puertas a que sea un órgano administrativo el que tenga la potestad para cerrar páginas web, algo que choca de una forma escandalosa con las numerosas sentencias que han declarado la legalidad de estos portales. Como bien ejemplifica el abogado David Bravo, lo que la norma hace es "cambiar de árbitro con el fin de dictar resoluciones distintas y opuestas a la opinión de los jueces", lo que a todas luces es un absurdo en un supuesto estado de derecho como el español.
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