En pleno proceso de reaorganización, tras la elección de Antón Reixa como presidente de la gestora, los trapos sucios que durante la etapa Bautista se trajo entre manos año tras año la SGAE siguen saliendo a la luz, y los escándalos no paran de producirse en torno a dicha gestión.
El último de ellos tiene que ver con los llamados derechos anónimos, derechos cuyos autores se encuentran en principio ilocalizables, no identificables o poco claros. Su gestión caía en manos de la SGAE, que le reportaba una importante suma de dinero recaudado, la cual podía estar disponible para lo que considerara oportuno la gestora, ya que dicha cantidad no podía ser otorgado a un autor que no está identificado (como sí hacen en caso de tener perfecta constancia de la autoría).
Hasta aquí, todo legal, independientemente de la moralidad de la cuestión. Lo que ya parece menos lícito es la actitud que supuestamente se llevaba a cabo desde el interior de la SGAE. Una actitud que incluso se ha reconocido por parte de conocidos miembros de la gestora, incluido el nuevo presidente, Antón Reixa, así como su rival en las elecciones internas, José Miguel Fernández Sastrón, quien fue, quizá, el que destapó más claramente este nuevo trapo sucio de la SGAE.
Y es que la gestora, que tenía la ley de su parte para gestionar esos derechos anónimos, actuaba de manera ilícita para con ellos. ¿Cómo? Obstaculizando el proceso de búsqueda de sus supuestos propietarios. O más que obstaculizar, directamente no se iniciaba la búsqueda, con el fin de que dicha investigación prescribiera. De esta manera, la gestora no tenía porqué dar al legítimo propietario de los derechos los beneficios de su recaudación, y poder disponer de ellos al antojo de la gestora.
Recaudación que iba destinada a tapar el agujero creado por Arteria, un proyecto megalómano, como describía El País el pasado mes de marzo, que pretendía crear una red multinacional de teatros, y que acabó creando un agujero sin fondo en la gestora, mientras sus cargos recibían sueldos estratosféricos.
Así lo reconoció el propio Fernández Sastrón, quien declaraba, en una entrevista realizada al mentado diario en ese mes de marzo: "El problema es que no se encontraron esos datos porque no se ha querido", a lo que añade que “hubo una deliberada intención de que prescribieran”.
Y ¿de cuánto estamos hablando? Pues según recoge la web de la asociación Cultura Libre, la Agencia de Evaluación de Calidad estima que la recaudación por gestión de derechos anónimos suponen en torno a 50 millones de euros, de los cuales, finalmente la gestora se queda con unos 10 millones, dado que el resto, en principio, acababan por identificarse.
Por dicha práctica, que el propio Fernández Sastrón identifica como estafa, la aludida asociación Cultura Libre ha decidido presentar una denuncia contra la SGAE y sus autoridades no sólo por la práctica en sí sino también por encubrimiento de un acto delictivo, con el fin, según reza el comunicado de la asociación “garantizar la correcta protección de los derechos de los autores y restituirles las cantidades que les pertenecen”.
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