El Gobierno anda embarcado en una reforma que fundirá los organismos reguladores existentes en una nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Uno de los condenados, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) advierte que la reforma afectará al precio y la calidad de servicios esenciales para los consumidores españoles y para las empresas del país.
La CMT ha enviado un informe al Gobierno sobre el cambio legislativo, justificado por el Ejecutivo por la necesidad de ahorrar. También lo ha justificado diciendo que la tendencia a juntar todos los reguladores (de energía, del mercado eléctrico o de las telecomunicaciones) es un fenómeno europeo.
Sin embargo, el informe de la CMT hace un dibujo bien diferente de la situación. En el blog de este organismo explican con mucho detalle y gráficas como, ya antes de la fundición, la CMT es la autoridad reguladora que, en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, cuenta en la actualidad con un menor número de competencias, frente a todas aquellas que otorgan las directivas europeas.
La gran mayoría de los reguladores europeos ,además de las funciones de regulación de mercados, tienen competencias en espectro y protección de los usuarios. Por ejemplo, la Ofcom británica realiza sus propios test de velocidad y los hace públicos.
Mientras en el resto de países la tendencia ha sido la de ir aumentando sus competencias, en España el proceso es inverso. No se trata sólo de que la nueva comisión englobe a todas las sectoriales, sino que buena parte de las competencias que tiene la CMT ni siquiera irán a la nueva CNMC. Acabarán en manos de algún departamento ministerial. La pérdida de independencia es otro de los peligros que ve el informe de la CMT en la reforma.
La CMT ha señalado que en Europa existe un modelo de regulador convergente que reúne las competencias de política sectorial de áreas íntimamente relacionadas como las telecomunicaciones, audiovisual o postal y otro multisectorial que reúne a las infraestructuras: energía, transporte ferroviario y telecomunicaciones, pero no hay ningún modelo que reúna potestades de todos los mercados como propone el anteproyecto.
La CMT también recomienda que se abra una consulta pública sobre la reforma. Sería una buena forma de que las operadoras (y el resto de empresas) se retrataran y saber si prefieren este modelo dependiente frente al actual que, con todas sus limitaciones, es más independiente. En esa consulta, además, podríamos participar los usuarios.
¿Crees que el Gobierno debería dar marcha atrás y mantener la CMT?
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