Apenas un año después de la entrada en vigor de la Ley Sinde-Wert y sin resultados favorables a los intereses de la industria, el Ejecutivo pretende dar una vuelta de tuerca a la norma que regula la propiedad intelectual en España. Así se ha podido comprobar en el último borrador del anteproyecto de ley de modificación de la actual Ley de Propiedad Intelectual, conocido como Ley Lasalle y que fue filtrado por Ibercrea, asociación que engloba a las principales gestoras como SGAE, Agedi o CEDRO. Los puntos más polémicos de la norma son los siguientes.
Mayor censura en la Red
Uno de los objetivos de la nueva ley pasa por dar mayor libertad a la Comisión encargada de cerrar o bloquear páginas web. Con la nueva ley en vigor cualquier página web de enlaces que "haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial a los titulares de derechos de autor" podrá ser retirada. A pesar de que no alojen contenidos y lo hagan en servidores extranjeros, con la nueva norma será más sencillo actuar contra estas páginas para cerrarlas si enlazar a contenido con copyright es su razón de ser. En cambio, aquellos buscadores como Google que "enlacen ocasionalmente" a estos contenidos quedan excluidos de forma explícita en esta reforma.
Implicación de los operadores como "policías de la Red"
Otro aspecto que ha despertado controversia es el nuevo papel que se quiere dar a los operadores de telecomunicaciones y empresas de publicidad. El objetivo es que las compañías que tengan relación con webs "piratas" queden obligadas a identificar a los infractores. Así se busca agilizar la localización de administradores de portales y bloquear el flujo económico que les genera beneficios a partir de una actividad que para el Gobierno y la industria es ilegal (sin que sea así para los jueces a tenor de sus sentencias). La misión de los operadores también será la de bloquear dichas páginas.
Cambio radical en el concepto de copia privada
La nueva ley pretende reducir el derecho a la copia privada. Si en la actualidad está permitido tener copias de contenidos a los que se haya accedido de forma legal, a partir de ahora se reducirá a los que se hayan realizado a partir de "un soporte adquirido en propiedad por compraventa comercial sin asistencia de terceros". Asimismo, se limitaría a un periodo temporal la copia privada de radio y televisión, que no estaría permitido realizar para almacenarlas indefinidamente.
El canon a la universidad
Hace solo unos días nos hicimos eco de cómo el Gobierno pretende trasladar parte del canon que actualmente sale de una partida de los Presupuestos a las universidades. Con la reforma se da pie a que los centros paguen directamente a CEDRO (que a su vez fijaría libremente los precios) por la reproducción de contenidos, aunque sean apenas unos extractos o capítulos y lo hagan con fines divulgativos en redes internas.
En unas horas confirmaremos hasta dónde llega el Gobierno con una reforma de lo más polémico y que parece contentar, una vez más, a terceras partes salvo a los ciudadanos, que ven una nueva merma en sus derechos en favor de una industria que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos.
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